El notorio notario Puig Salellas es, en gran parte, el teorizador de la distribución de los derechos lingüísticos en la Cataluña actual. Según él, la cooficialidad del catalán y el castellano no es igualitaria y simétrica. Y lo argumenta basándose en el Estatuto, que sólo reconoce el título de lengua propia para el catalán. Eso comporta que el catalán ha de ser la única lengua pública, pero se garantiza el pleno derecho al uso privado del castellano. Sin tanta teoría, el general Álvarez Arenas decía una cosa parecida, en un bando al día siguiente de la entrada de las tropas 'nacionales' en Barcelona: “Estad seguros, catalanes, de que vuestro lenguaje en el uso privado y familiar no será perseguido”.

Por consiguiente, los castellanohablantes tenemos derecho a dirigirnos en castellano a la Administración, aunque ésta no tiene la obligación de atendernos en castellano. En la práctica, eso quiere decir que tú puedes preguntar en castellano y la Administración te mandará a hacer puñetas en catalán. ¿No comprenden que, si la Administración no es neutral, ese derecho es papel mojado? ¿Que si hago uso del castellano en 'territorio hostil', lo más probable es que me manden a un inspector fiscal? O sea, esto es una parroquia en la que todas las misas se dicen en catalán. El castellano sólo se podrá utilizar en las confesiones. Y se garantiza, al menos en teoría, que las confesiones en castellano no tendrán necesariamente una penitencia mayor.

Si eso es la igualdad lingüística, la igualdad que proclama el Estatuto de Cataluña, que venga Dios y lo vea.