Una cosa es el pueblo catalán: quiero decir los ciudadanos de Cataluña. Y otra son los políticos que lo representan. Los políticos no son una proyección estadística de la población. Hay sectores más pasivos, que no llegan fácilmente al poder: por ejemplo, las mujeres, los pobres, los analfabetos. En Cataluña, los castellanohablantes son más de la mitad de la población, pero no llegan al 10 por ciento de los políticos. Y aún, los que llegan suelen ser 'charnegos agradecidos'.

Después están los técnicos de la Administración, que no representan al pueblo, pero que condicionan en gran manera la acción de los políticos. En el tema de la lengua son el gremio de los sociolingüistas, que orientan a los políticos cuando se trata de hacer programas y que llevan a la práctica las leyes y los reglamentos del Gobierno.

Pues bien, este gremio no es neutral, no se rige por criterios sólo científicos. Para empezar, en ese gremio la proyección de la población aún es más desequilibrada: todos los sociolingüistas catalanes son militantes de 'la causa'. Son sociolingüistas nacionales, es decir, nacionalsociolingüistas. Entonces, es perfectamente esperable que la legislación y la práctica lingüística de Cataluña sea muy poco democrática. No es 'lo que quiere la población', sino 'lo que quieren los políticos', que resulta que hacen 'lo que quieren los nacionalsociolingüistas'.

Es urgente abrir un debate teórico, científico, para desnacionalizar la sociolingüística del país. En nombre de la libertad del pensamiento y por la dignidad intelectual, hay que dejar claras las coartadas y los chantajes del nacionalsociolingüismo. Si no, por poco que nos descuidemos, podemos encontrarnos ratificando algún documento miserable como el famoso memorándum de la Academia Serbia de las Ciencias, que cantaba las excelencias de la limpieza étnica. Muchos de aquellos 'científicos' serbios en la actualidad se estarán tirando de los pelos viendo a su país arruinado, masacrado y moralmente deshecho.