El nacionalismo ha logrado, por enésima vez, marcar el terreno de juego. Y ahí estamos todos jugando, inocentes, sin darnos cuenta de que sólo por jugar en su terreno, ellos ya han ganado. Hay que tener reflejos para no prestarse al juego del trilero: si no, estás perdido, te soplan la cartera sin que te enteres.

Ellos han marcado el terreno: se trata del eterno pleito de Cataluña contra España. Cataluña, laboriosamente, sin estridencias y llena de buena fe, redacta un nuevo Estatut de Autonomía. Lo somete al Parlamento de Madrid, confiando en la palabra de Zapatero: "Aceptaré el Estatut que Cataluña decida". Y las Cortes empiezan su "cepillado", que dijo Alfonso Guerra. Entendemos que empiezan a "cepillárselo". Duele, no es lo que Cataluña quería, pero en aras del pactismo para no romper el marco actual, lo aceptamos. Y el pueblo catalán lo vota -o el 30% de él, qué más da- y ya está ratificado. ¿Y ahora vamos a consentir que cuatro leguleyos recorten lo que el pueblo ha votado?

Está claro que, presentándolo así, en Cataluña no hay periodista, ni político, ni 'María Santísima' que pueda oponerse sin cargar con el sambenito de "anticatalán". A partir de ahí, los trileros han ganado. Todo lo que pase, tanto si el TC falla a favor como en contra de la constitucionalidad del Estatut, siempre será en su beneficio. Y aún diría que preferirían una sentencia negativa: ellos ya tienen preparada una respuesta "contundente". En este escenario, a ver quién es el guapo que dice lo más evidente, a mi entender: que el TC es el garante de nuestras libertades, que sus sentencias deben ser siempre celebradas -aunque no compartidas- por los demócratas, que intentar socavar su autoridad -como hacen tantos opinantes a diario y, oh vergüenza, Pujol y Maragall- es un atentado a la democracia, una bravuconada más propia de fascistas que de ciudadanos libres. Quien diga esto, que es el abecé de cualquier demócrata, en Cataluña pasa a ser traidor, renegado, anticatalán. Ellos han fijado el marco, ellos, los trileros, han decidido lo que debemos percibir.

La cosa es mucho más sencilla. El Estatut es una ley española, promulgada por las Cortes españolas para su vigencia en una parte del territorio español. Y como todas las leyes, puede -o debe- pasar el 'control de calidad' de su coherencia con la Constitución, que fue aprobada por el sujeto de la soberanía, el pueblo español. El Parlamento de Cataluña no promulga la ley: sólo tiene la iniciativa legislativa. Y el referéndum del pueblo catalán es un requisito que la eleva a categoría cuasi-constituyente, mayor que la de una ley orgánica. Pero no puede -ni debe, ni conviene- obviar el control de constitucionalidad. Precisamente, al integrarse en el 'cuerpo constitucional' debe ser coherente con él. Es un trámite que sólo le puede proporcionar mayor solidez.

El Estatut es ley y está vigente, no porque lo haya presentado el Parlament, que también, ni porque lo haya refrendado el pueblo catalán, que también, sino porque lo han aprobado las Cortes. Si el Estatut fuera una ley catalana o si se saltase el paso por el TC, no podría contar con la fuerza de la soberanía del pueblo. Del pueblo español, claro. No hay otro.