Nuestra vida en sociedad se basa en presunciones. La presunción de que se va a actuar conforme a Derecho es la condición de eficacia inexcusable de todo Estado de Derecho que se precie. Atentar contra esta presunción, inspiradora de confianza ciudadana, es un atentado contra el Estado de Derecho, la gran mayoría de las veces mucho mejor camuflado que un movimiento social masivo o una acción violenta.

Nuestra propia tranquilidad se funda en promesas de protección. Se presume que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad van a protegernos, al igual que se presume que los Jueces aplicarán la Ley estrictamente (más tratándose de un sistema de Derecho continental, no anglosajón, y con mayor motivo, tratándose de la aplicación de la ley penal). Es demasiado contundente, a la vez que radical, pero debemos presumir que el Poder coercitivo es aplicado justamente, pues, de lo contrario, socialmente no tendremos más Estado de Derecho que el enunciado en la Constitución, siendo ésta “papel mojado”.

No creo en los “juicios paralelos” hechos por la prensa, sencillamente porque no son “juicios”. Para “enjuiciar” hay que hacer deducciones lógicas basadas en principios de prueba. La labor de quien juzga no se asemeja a la del cerdo que busca trufas, no se basa en un “fumus boni iuris” o tufo del buen derecho, sino en una aplicación de normas jurídicas a casos concretos. La labor del Juez es razonamiento, no sentimiento. Como jurista, sabedor de lo que es pasar por un proceso de oposición pública, no puedo dejar de presumir que todo jurista de élite que ostente un cargo, sea éste el de Juez por ejemplo, va a actuar conforme a lo dictado por la Ley (que es donde se contiene la norma, y no simplemente, como en el caso de los “tribunales de TV”, es decir, los anglosajones, meras indicaciones de lo que probablemente va a apreciar el Juez).

El 'caso Marta del Castillo' no es una quiebra del sistema judicial español, ni debe ser, lo que es más preocupante, un motivo de quiebra en la confianza de la ciudadanía frente a la Justícia, ni, por ende, un daño cara a la presunción de que en nuestro Estado de Derecho se juzga y sanciona conforme a éste.

Los medios de comunicación, ya hace tiempo que lo afirman los más autorizados politólogos, son un “poder” equiparable al político o al económico. Si bien es cierto que su empuje en ocasiones ayuda a desvelar casos, que sin su apoyo, difícilmente podrían ser tratados con garantías, también lo es que, en demasiadas otras, los medios de comunicación pervierten a la sociedad, haciéndoles caer en razonamientos erróneos totalmente al margen de ley o Derecho alguno. Se me ocurre que a todo el mundo le parecería muy poco adecuado que se cuestionara masivamente la labor de los cirujanos, y sin embargo, a todo el mundo le parece legítimo poder criticar a la judicatura, porque “los medios” así lo opinan.

El mismo pueblo que recibe los influjos de la comunicación de masas debe saber aplicar sus propias máximas, en ocasiones más “jurídicas” y conformes a la equidad, que los juicios de valor de buena parte de los medios de comunicación. Es bueno recordar adagios como el de “más vale un culpable en la calle que un inocente en prisión”.

La acción jurídica intenta buscar certidumbre, al menos, esquivando la incertidumbre. No se puede permitir que una decisión judicial, en base a juicios penales de no estricta interpretación de la ley (por fundamento, taxativa en lo penal) pueda dejar caprichosamente por existentes “certidumbres” que no son tales. ¿Qué pasaría si con posterioridad se probara la culpa de un agente hasta el momento no contemplado? ¿Qué pasaría si apareciere la persona que eventualmente estaba muerta? La seguridad jurídica no puede permitirse dejar huecos abiertos a estas posibilidades, por remotas que parezcan.

Cuando una víctima afirma que un eventual culpable se “ha salvado” por ser pariente de un cargo administrativo, o que en su país no existe justicia o que ésta es “bananera”, sólo pueden hacerse dos consideraciones: o bien tratar estas afirmaciones como una indignación de la víctima, legítima por la propia naturaleza de las emociones, o bien ver en ello un ataque frontal a la presunción de que los Jueces aplican la Ley, siendo ésta la dictada por los órganos democráticamente elegidos en un Estado de Derecho. Soy partidario de lo primero, pues una víctima jamás es neutral. Considero que la utilización de los padres de Marta del Castillo o de Mari Luz Cortés no es legítima. Las víctimas deben ser consoladas, a poder ser en privado, y jamás deben aparecer en los medios, pues, guste o no, es en quien menos se encontrará la neutralidad necesaria para juzgar.

Bananeros me parecen la mayoría de los medios de comunicación, no mi Estado. Bananero me parece que los ciudadanos no se centren más en casos como el 'del Palau de la Música o caso Millet' o el 'Gurtel', donde, en última instancia, lo que se ha dañado es el dinero propio, el público, aquél que también nos pertenece a todos y cada uno de los ciudadanos. Dejemos a la víctimas llorar y a los jueces juzgar. No nos extralimitemos en dar opiniones que no nos atreveríamos a dar en casos relacionados con la medicina o la ingienería. El Derecho es una disciplina con profesionales propios, que son quienes lo comprenden y pueden dar juicios críticos con algún fundamento. No demos propiedades cuasi sagradas al juicio de los medios de comunicación, ese poder que, a la vez que informar, nos manipula y condiciona. Presumamos que vivimos en Derecho, y quizá podamos conservar nuestro bien más preciado: la Libertad.