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LA VOZ LIBRE

Política

Enrique Arias Vega

Enrique Arias Vega

Periodista y economista
miércoles, 04 de enero de 2017, 10:14
Estafados y estafadores

La Generalitat catalana ha reconocido que en los últimos diez años 48.000 familias han seguido cobrando la prestación de dependencia por familiares ya fallecidos. Hace unos meses, el Tribunal de Cuentas español denunció, asimismo, el pago indebido de pensiones a 30.000 beneficiarios muertos.

No se trata, siempre, de simples estafas, por supuesto. Una burocracia deficiente propicia errores y disfunciones que cuestan un pastón a las arcas públicas. Pero también están los pícaros que se aprovechan de ello, engañando a la Administración o, sencillamente, callándose para beneficiarse de ello.

Traigo esto a colación en un nuevo año en que los juzgados estarán a reventar de procesos por corrupción de políticos y empresarios de variado pelaje. Hay mucho sinvergüenza, claro está, en las alturas de la pirámide social, pero también existe una “cultura” de fraude y engaño en muchas otras capas de nuestra sociedad.

Tenemos, por ejemplo, los últimos sucesos de estafa en presuntos (o reales) casos de enfermedades raras. El más llamativo, el del padre de Nadia Nerea, a quien el juez acaba de poner una fianza de 1,2 millones de euros por la apropiación de fondos supuestamente destinados a curar a su hija.

Estamos, pues, ante una defraudación más extendida de lo que muchas veces queremos creer. ¿Cuál es el fraude a Hacienda más allá del de las grandes fortunas, con sus SICAV, paraísos fiscales y demás? No se sabe. Lo que sí conoce todo el mundo son los pequeños, pero abundantes, fraudes de obras que no pagan IVA; compras y consumiciones hechas sin tique ni comprobante alguno; percepción de subsidios de paro mientras se trabaja en la economía sumergida; subvenciones, becas y otras prestaciones cobradas sin tener derecho a ello, etcétera, etcétera.

Bueno es reflexionar un momento sobre estos hechos cuando, por desgracia, nos afectan recortes y limitaciones económicas por una crisis que nosotros no hemos creado. A la hora de exigir responsabilidades, no solo hay que hacerlo a una Administración que lo debe hacer mucho mejor, sino también a unos ciudadanos insolidarios que con su actitud nos perjudican a todos.

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