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LA VOZ LIBRE
lunes, 14 de junio de 2010, 15:16
La séptima propuesta de fallo del Estatut

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas, trabaja con el lema "ahora o nunca" desde hace varias semanas, en el firme propósito de sacar adelante la sentencia del Estatut durante el mes de junio. Según se cuenta este lunes en La Vanguardia, lo prepara con una doble estrategia. El próximo jueves someterá al pleno de la institución una propuesta de fallo para intentar que se apruebe tal cual, como texto íntegro. Pero si fracasa este nuevo intento, tiene ultimado un plan B, que ha requerido muchas discusiones previas, porque parte de los magistrados se opuso a que se estudiase. Ese plan alternativo, sólo si no se comprueba la posibilidad de aprobar una sentencia completa, consistiría en votar el proyecto de resolución por bloques, y hasta por artículos, de acuerdo con un reglamento que los miembros del TC han aprobado a regañadientes, después de no pocas discusiones. El motivo de esa resistencia es que no hay precedentes de fallo alguno que haya tenido que trocearse tanto como puede acabar siéndolo el del Estatut, salvo uno de los años 80, cuando gobernaba UCD. La utilización de este sistema, señala el diario barcelonés que implicaría una cierta victoria del sector conservador del TC, que lleva tiempo reclamándolo. Casas es consciente de la excepcionalidad de este tipo de procedimientos, por lo que se ha comprometido a que el fallo del Estatut incluya en sus antecedentes, previos a su apartado de fundamentos jurídicos, una explicación minuciosa del sistema de votación elegido. Si la sentencia llega a dictarse por esta vía, no faltarán quienes la cuestionen, no ya por su contenido, sino por el insólito método de discusión y votación que se habrá aplicado.

La presidenta del TC, María Emilia Casas, en todo caso, aún confía en que su proyecto global pase el filtro. Sobre todo, el que supone la postura adoptada por el magistrado Manuel Aragón, con quien ha realizado especiales esfuerzos para alcanzar algún acuerdo. La negativa de Aragón a respaldar la propuesta de fallo de la primera ponente, Elisa Pérez Vera, ha sido el motivo principal de que la resolución haya seguido en discusión el último año y medio. En febrero del 2009, en efecto, la polémica entre Aragón y el bloque progresista del TC ya estaba planteada en los mismos términos que impidieron la aprobación de la resolución el pasado mes de abril, cuando el texto votado fue rechazado por seis votos a cuatro. El núcleo del debate sigue estando en el uso y las derivaciones del término nación. La ponente Pérez Vera ya quiso dimitir como ponente en el 2009 al comprobar que eran inútiles todos los intentos de convencer al magistrado Aragón sobre la constitucionalidad del adjetivo nacionales aplicado a los símbolos de Cataluña. Según la explicación del cronista de La Vanguardia, Aragón, catedrático de Derecho Constitucional y maestro del actual ministro de Justicia, Francisco Caamaño, siempre ha querido que la sentencia refleje con la mayor solemnidad posible que, diga lo que diga el preámbulo de la reforma catalana, en España sólo hay una nación, la española, y una sola soberanía, la que ejerce el conjunto del pueblo español. Fue Caamaño, en cambio, quien tuvo la idea de colocar el concepto nación en el preámbulo del Estatut para que facilitar su constitucionalidad, más difícil de garantizar en el articulado del texto.

En las presentes circunstancias, el respaldo de Manuel Aragón es imprescindible para aprobar la sentencia, que en este momento reclaman todos: no sólo Casas, sino el Gobierno y el PP quieren que haya ya una resolución. Esta es la última oportunidad antes de las elecciones catalanas del próximo otoño. Y el futuro de la presidencia del Constitucional también aparece al fondo de la escena. El criterio dominante en el TC es que Aragón tiene una oportunidad única para optar al cargo si ahora hay sentencia y que él tiene un papel clave para resolver el problema. En cambio, si vuelve a encallar el fallo, va a ser mucho más complicado que ese sea el epílogo de la larga crisis que está suponiendo en el Constitucional el fallo del Estatut. No habría que descartar alguna dimisión que favoreciera la renovación pendiente de los miembros del TC.

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