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LA VOZ LIBRE
viernes, 23 de abril de 2010, 18:35
Garzón, en capilla

Los que se la tienen jurada están de enhorabuena. El juez Garzón se enfrenta a una retirada de sus funciones jurisdiccionales por decisión del Consejo General del Poder Judicial. Una medida disciplinaria con disfraz administrativo. Se interpretará como la primera parte del escarmiento, la de carácter profesional, por cuenta del gobierno de los jueces.

Para luego queda el escarmiento jurisdiccional, por cuenta del Tribunal Supremo, si en el juicio oral llega a demostrarse que cometió delito de prevaricación. El alto tribunal dispone de tres ocasiones de condenarle. En el primer intento, por investigar los crímenes del franquismo sin competencia. En el segundo, por archivar una querella contra el banquero Emilio Botín después de un supuesto cohecho. Y el tercero, por presunta violación del derecho de defensa letrada derivada de una intervención de comunicaciones entre abogado y cliente.

Tres oportunidades, tres, para condenar a Garzón por el delito más grave que se puede imputar a un juez: prevaricación. Es decir, dictar resoluciones injustas a sabiendas de que son injustas. O sea, como cometer un delito a sabiendas de que se está cometiendo. ¿Y cómo demostrar que un juez está delinquiendo a sabiendas si por medio no hay prueba material alguna sino un proceso de intenciones puro y duro?

La pregunta se remite al momento del juicio donde, curiosamente, no habrá acusación institucional. Como es bien sabido, la Fiscalía no aprecia conducta prevaricadora. Ese trabajo se lo quedan las acusaciones particulares: falangistas, grupos de ultraderecha, defensores de los acusados en la trama Gürtel y algún abogado conocido por su personal cruzada contra el más polémico de los jueces de la Audiencia Nacional.

Lo inmediato, decíamos, es la suspensión cautelar de funciones en un pleno extraordinario que el CGPJ convocará cuando el Tribunal Supremo le comunique oficialmente la apertura de juicio oral contra Garzón en la primera de las causas. La relacionada con la investigación de los crímenes franquistas. Esa comunicación se producirá después de cumplirse el plazo para que imputado, fiscal y acusaciones presenten sus escritos fijando posiciones respecto al auto por el que el juez instructor, Luciano Varela, decretó que "ha lugar" a proceder contra Garzón. El plazo termina este jueves 22. Es día de pleno en el CGPJ, donde ha de tratarse la suspensión cautelar de Garzón, pero no ese jueves porque el orden del día se cerró setenta y dos horas antes, según la normativa.

La decisión debería entrar en el pleno siguiente, en la segunda quincena de mayo. Como queda demasiado lejos, el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, ha decidido convocar pleno extraordinario en cuanto el Supremo le comunique la apertura de juicio oral. Antes del 27 de abril o después del 1 de mayo. Por medio, el CGPJ viaja a Montevideo con motivo de una cumbre judicial iberoamericana.

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