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LA VOZ LIBRE
martes, 10 de noviembre de 2009, 13:35
¿Sociedad vigilada?

El PP hace olas para tapar sus problemas internos. Un legítimo y viejo truco político que tiene sus límites. ¿Los está desbordando? Puede desbordarlos, si al crear una alarma infundada, la táctica acaba dañando el prestigio del Estado de Derecho. Es muy grave acusar sin pruebas al Gobierno de estar forjando una especie de Estado policial o "sociedad vigilada". Pero también debe quedar muy claro que si ha detectado indicios sobre un uso indebido de las nuevas tecnologías en el control de las comunicaciones, tiene la obligación de dar la batalla política en defensa de derechos fundamentales. En este caso, la privacidad y el secreto de las comunicaciones.

La polémica se desató la semana pasada a raíz de una iniciativa parlamentaria del PP reclamando del Gobierno el envío a las Cortes de un proyecto de ley orgánica que refuerce el control judicial sobre el uso policial de la mencionada tecnología (SITEL). Se trataría de habilitar una protección específica, por ley orgánica, de los derechos fundamentales mencionados. La nueva regulación contemplaría la anulación "como medio de prueba" de las causas judiciales que se hayan instruido en base a la utilización de ese sistema.

Reparemos en el último punto: invalidación de causas judiciales basados en el uso de escuchas telefónicas. Podría ocurrir si en el futuro se llegara a establecer la inconstitucionalidad de SITEL. Por ejemplo, en el caso Gürtel, que afecta de lleno al partido más interesado en demostrar la falta de cobertura legal de este sistema de intervención de comunicaciones telefónicas y de Internet. Por tanto, tampoco podemos dejar de detectar el oportunismo que planea sobre esta iniciativa parlamentaria del PP respecto a un sistema muy eficiente en la lucha contra la delincuencia -crimen organizado, terrorismo, narcotráfico-.

En resumen. Distingamos dos planos diferentes en la discusión. Uno, el ya expuesto de la presunta falta de cobertura legal para el sistema. Incluso, falta de encaje constitucional, según el PP. Un segundo plano es el mal uso del sistema que puedan estar haciendo las Fuerzas de Seguridad del Estado si acaso estuvieran practicando escuchas o interceptaciones sin contar con el juez. O si acaso estuvieran utilizando para fines políticos, u otros, el material sobrante, una vez descontado el que se ajusta a la autorización judicial. El PP debería llevar las pruebas a los tribunales porque esas conductas son delictivas. Y si lo que quiere es dejar las cosas en un terreno estrictamente político, debe ser más explicito a la hora de justificar su ofensiva, porque SITEL es perfectamente legal. Cuestión distinta es el intento de mejorar la cobertura legal del sistema o reforzar las garantías en defensa de derechos fundamentales. Pero esa justa pretensión del PP no invalidaría el uso de SITEL en la lucha contra el delito. Con la consabida autorización judicial, por supuesto.

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