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LA VOZ LIBRE
martes, 03 de noviembre de 2009, 12:39
La pena de telediario

Ha tenido fortuna esta denominación impuesta al hecho de que algunos detenidos por probables delitos de corrupción hayan aparecido esposados ante las cámaras de televisión, y en los programas informativos de distintas cadenas. Sucedió con los concejales detenidos en Palma de Mallorca y se ha repetido el caso con los detenidos de Santa Coloma de Gramanet, los primeros del PP y estos últimos pertenecientes al PSC y a CiU. En el primer caso, se suscitó de inmediato la protesta de los portavoces populares y por eso pudo pensarse que con los detenidos de Santa Coloma, de algún modo, se venía a compensar y dar idéntico trato a los de partidos rivales.

Pero esta vez, el "espectáculo mediático" parece que ha desbordado todas las previsiones y han abundado las informaciones y las quejas sobre esta modalidad de "detención para efectos de telediario". Hoy mismo se insiste en el problema: la Audiencia investiga la exhibición de los detenidos esposados, cuenta el diario La Gaceta. Otro periódico, ABC, cuenta que el presidente de la Audiencia, Angel Juanes, ha ordenado investigar las "penas de telediario" de los detenidos y añade que ha decidido la apertura de expediente para aclarar las circunstancias del traslado y la exposición pública de los políticos del PSC y CiU. Observa ABC que en el paso Palma, con los arrestados esposados por la mano derecha, ningún tribunal investigó.

También en La Vanguardia se señala que la Audiencia investiga por qué se exhibió a los detenidos, mientras el presidente, Angel Juanes, exige que hechos como este no se repitan. Añade esta crónica que el comunicado de la Audiencia defiende a Garzón y aclara que el juez no organizó la entrega de detenidos y añade que las explicaciones dadas sostienen que en el traslado actuaron guardias civiles nuevos en el servicios. Señala un pie de foto, que muestra las bolsas azules que recogían los detenidos esposados, que "los detenidos recibieron el mismo trato que se aplica a los delincuentes peligrosos". También se cuenta en La Razón que la Audiencia investigará por qué se exhibió públicamente a los detenidos. El presidente abre expediente por el traslado de los arrestados en la Operación Pretoria, poniendo de relieve que los jueces no tienen competencias sobre las condiciones de traslado. Y completa esta información un análisis del portavoz de la asociación Jueces para la Democracia que recuerda que, según la ley, la detención debe practicarse en la forma que menos perjudique al detenido en su persona, reputación y patrimonio. Y reclama el cumplimiento estrictos de la ley en lo relativo a la no exhibición de las mismas.

En realidad, sólo una voz se ha alzado contra estas protestas generalizadas de excesiva aplicación de estas exhibiciones públicas de los detenidos con esposas, la del presidente cántabro, Miguel Angel Revilla, con una explicación comprensible: Revilla no ve mal esa exhibición como parte del castigo público que merecen los delincuentes. Pero supone que esas personas o personajes ya están juzgados y condenados, algo que no sucede cuando los presuntos delincuentes son trasladados al juzgado o la Audiencia para su declaración ante el juez. Los juristas, en cambio, prefieren recordar la condición de "presuntos inocentes" y la necesidad de un comportamiento "como personas honorables" para quienes, probablemente, termine demostrándose que no lo son.

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