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Linchamientos en Bolivia reabren el debate sobre la "justicia indígena"

Efe
sábado, 05 de junio de 2010, 16:51
Linchamientos en Bolivia reabren el debate sobre la


Linchamientos en Bolivia reabren el debate sobre la "justicia indígena" Linchamientos en Bolivia reabren el debate sobre la "justicia indígena"

La Paz.- El reciente linchamiento de cuatro policías bolivianos por nativos que se escudan en la "justicia indígena" reabrió el debate sobre si los usos ancestrales de los pueblos precolombinos, consagrados en varias constituciones americanas, justifican asesinatos y torturas.

Miles de linchamientos se han registrado en el continente -solo en Guatemala más de 2.500 desde 1996, según la Academia de Lenguas Mayas- pero quienes promueven la también llamada justicia "originaria" insisten en que esta no incluye homicidios ni castigos crueles o denigrantes.

Los roces de la "justicia indígena" con la llamada "ordinaria", de herencia europea, se deben en parte a que algunas constituciones, como la boliviana, no limitan con precisión dónde ni cuándo termina una y empieza la otra, explicaron a Efe políticos, analistas y diplomáticos de la región.

En Guatemala, con un 42% de población indígena, hay una sola legislación para los 14 millones de habitantes, pero algunas etnias piden aplicar el "derecho consuetudinario", basado en su cosmovisión y en normas no escritas.

Sobre los numerosos linchamientos en ese país, la mayoría entre indígenas, los defensores de la "justicia comunitaria" dicen que no tienen que ver con el derecho ancestral, pero también hay quienes los justifican por razones sociales.

La Fundación de Rigoberta Menchú, ganadora del Nobel de la Paz en 1992, aseguró en un informe que los linchamientos "son producto de la desesperación de las comunidades que han sido abandonadas por el Estado" y carecen de jueces, fiscales y policías.

En Bolivia, donde los linchamientos son frecuentes pero nadie lleva la cuenta, también surgieron voces que justifican la tortura y asesinato de cuatro agentes el 23 de mayo en Uncía, aldea del departamento de Potosí.

El mallku (cacique) de los ayllus (clanes) del Altiplano, Rafael Quispe, dijo que es un aviso al presidente aimara Evo Morales, que está más preocupado por asuntos partidistas que por la presencia del Estado en comunidades víctimas de malos policías.

"Extorsionan a los hermanos que están ahí, abusan a los comunarios. Les ha colmado la paciencia y lo que hicieron es ajusticiar con mano propia. No es parte de la justicia comunitaria, sino que están cansados por este tipo de arbitrariedades y la ausencia del Estado en los ayllus", aseguró Quispe.

En cambio, la diputada opositora Norma Piérola dijo a Efe que en Bolivia -45% de amerindios en 11 millones de habitantes- urge una ley de "deslinde jurisdiccional", y aclara que los indígenas no pueden linchar a policías, pues su "justicia" debe aplicarse sólo a controversias internas de las comunidades.

En Ecuador, donde también pertenecen a etnias indígenas casi la mitad de los 14 millones de pobladores, la Constitución de 2008 acoge la "justicia indígena", e igualmente hay un debate sobre la necesidad de regularla porque se conocen casos recientes de castigos severos en algunas comunidades.

Una comunidad ecuatoriana pretendió "ejecutar" a un hombre acusado de asesinato, pero las autoridades actuaron a tiempo y lograron al menos cambiar la pena máxima por la flagelación en público con látigos y ortigas.

Por contra, tras el linchamiento en Bolivia, la Policía abandonó la zona y el Gobierno de Morales se limitó a suplicar a los asesinos que entregaran los cuerpos, sin éxito, y los parientes tuvieron que ir a la zona sin escolta y firmar documentos en los que prometen no demandar a los homicidas, en un canje de cadáveres por impunidad.

Algunos indígenas americanos defienden su derecho ancestral porque, según dicen, los castigos comunitarios, como azotes en público, trabajos forzados o destierro, son más ejemplarizantes y acertados que encerrar a la gente en cárceles atestadas e insalubres, verdaderas escuelas de delincuencia.

En Perú, con 29 millones de habitantes, más de la mitad aimaras o quechuas, la Constitución concede a los indígenas autonomía jurídica para asuntos de organización interna y propiedad de tierras, pero no permite violaciones de los derechos humanos ni infracciones a la ley en casos de violencia.

Cuando las comunidades nativas peruanas protestaron hace exactamente un año, en junio de 2009, en Bagua y se produjeron disturbios que dejaron 34 muertos, la justicia abrió procesos penales contra 82 indígenas por delitos como sedición, secuestro y asociación ilícita.

Casi un 30% de los 108 millones de mexicanos pertenecen a pueblos precolombinos, a quienes la Constitución reconoce "libre determinación" y "autonomía" para aplicar sus leyes ancestrales, pero siempre con apego a la Carta Magna y a los derechos humanos.

La situación en similar en Colombia, con solo 4% de amerindios en 47 millones de habitantes, o en Panamá, con 10% en 3 millones, y en la mayoría de los restantes países del continente.

Para críticos de los usos penales indígenas como el escritor boliviano Winston Estremadoiro, con los linchamientos "están haciendo agua los conceptos prejuiciosos, por no decir racistas al revés, que han dado sustento a la tan mentada justicia comunitaria", que "introduce un apartheid de hecho, sesgado a favor de los originarios.

 

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