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LA VOZ LIBRE

UE-FINANZAS

La UE quiere capacidad sancionadora sobre las agencias de calificación de riesgo

Efe
miércoles, 02 de junio de 2010, 17:41
La UE quiere capacidad sancionadora sobre las agencias de calificación de riesgo


La UE quiere capacidad sancionadora sobre las agencias de calificación de riesgo La UE quiere capacidad sancionadora sobre las agencias de calificación de riesgo

Bruselas.- La Comisión Europea (CE) quiere que la Unión Europea (UE) pueda sancionar a las agencias de calificación de riesgo e incluso retirarles la licencia para operar, según una propuesta presentada hoy que pretende modificar la legislación sobre las agencias de rating, muy criticadas por haber contribuido supuestamente a agravar la crisis de deuda pública en la Eurozona.

La propuesta del Ejecutivo comunitario responde a una petición de los líderes europeos en junio de 2009 para centralizar el sistema de supervisión de las agencias de calificación, que tampoco alertaron correctamente sobre el riesgo de contagio que suponían las inversiones en hipotecas basura de Estados Unidos.

Así, el cambio de reglamentación propuesto establece que la futura Autoridad Europea del Mercado de Valores, que formará parte del nuevo marco de supervisión financiera que prepara la UE como respuesta a la crisis financiera, "debería tener poder para tomar toda una serie de medidas de supervisión" y en "último recurso, retirar la licencia a la agencia de calificación, si sigue infringiendo seriamente los preceptos de la legislación".

El texto también sugiere que será la Comisión Europea la que impondrá las multas, por recomendación de la autoridad supervisora de los mercados (ESMA, según sus siglas en inglés).

Las sanciones deberán ser "disuasorias y proporcionales a la naturaleza y seriedad de la infracción, la duración de la misma y la capacidad económica de la agencia de calificación de riesgo afectada", dice el texto.

Asimismo, la iniciativa desea introducir mayor competencia y transparencia al determinar la solvencia de todo tipo de actores económicos, desde países a empresas, al obligar a las entidades a facilitar información sobre sus productos financieros a todas las agencias de calcificación interesadas y no sólo a aquella con la que hayan contratado los servicios de auditoría.

La propuesta de transferir a la ESMA los poderes de supervisión de las agencias de calificación llega ahora, debido a que cuando se adoptó la legislación sobre las mismas, en abril de 2009, aún no se había decidido la creación de la agencia de supervisión europea, explica la CE.

Sin embargo, se da la paradoja de que Bruselas propone modificar una legislación cuando aún no ha entrado en vigor (lo hará por fases hasta diciembre de este año), y de que el propio comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, ya ha advertido de que los cambios impulsados hoy se quedan cortos y "habrá que ir más lejos".

De momento, según lo propuesto hoy, las autoridades reguladoras nacionales transferirán sus poderes a la futura ESMA, que será responsable del registro centralizado de las agencias, de su supervisión diaria (incluidas inspecciones sobre el terreno), y del aspecto sancionador, lo que facilitará una aplicación uniforme de las normas y mayor eficiencia, tanto para las autoridades como para las propias agencias.

La CE también propone que ESMA pueda imponer tasas a las agencias, aunque el Ejecutivo comunitario no ha querido facilitar muchos datos sobre este aspecto.

Por otro lado, el Ejecutivo comunitario presentó hoy también un "libro verde" con el que se propone abrir un debate que puede conducir a la presentación de propuestas legislativas para reformar las reglas de gestión interna de bancos e instituciones de crédito, con el fin de remediar las "profundas debilidades" que, a su juicio, propiciaron la reciente crisis.

Las principales sugerencias efectuadas por la CE en el texto son limitar el número de directores en la junta de gobierno, incrementar la experiencia y formación de los miembros de la junta, poner en marcha comités de evaluación de riesgo, separar las funciones del consejero delegado y el presidente del consejo de administración, e incluso incrementar la responsabilidad legal de los gestores.

Estas propuestas deben aún ser debatidas y el proceso de consultas está abierto hasta el 1 de septiembre de 2010, de cara a que el Ejecutivo comunitario decida si realizar una propuesta legislativa en el primer trimestre de 2011.

 

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