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PROTECCIÓN DATOS

Las denuncias ante Protección de Datos crecieron un 75 por ciento en 2009

Efe
miércoles, 02 de junio de 2010, 14:53
Las denuncias ante Protección de Datos crecieron un 75 por ciento en 2009


Las denuncias ante Protección de Datos crecieron un 75 por ciento en 2009 Las denuncias ante Protección de Datos crecieron un 75 por ciento en 2009

Madrid.- Las denuncias de ciudadanos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) crecieron el pasado año un 75 por ciento respecto a las cifras del año anterior y estuvieron relacionadas sobre todo con Internet, la videovigilancia y con la inclusión indebida de datos en listas de morosos.

Así se recoge en la memoria de la AEPD correspondiente a 2009, presentada hoy por el director de este organismo, Artemi Rallo, y que refleja, además, que durante el pasado año se atendieron 2.000 solicitudes de derechos de tutela de ciudadanos a los que no se les permitió ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición (58% por ciento más que en 2008),

El "notabilísimo" incremento de las denuncias significa que el ciudadano tiene cada vez más información, lo que se traduce "en un mayor grado de consciencia y de conciencia" sobre la necesidad de proteger sus derechos, según Rallo, que ha reconocido también la "inestimable labor" de los medios de comunicación.

Las reclamaciones de los ciudadanos ante la Agencia en relación al "derecho al olvido", pidiendo que se cancelen sus datos en páginas de Internet, se incrementaron un 200 por ciento, al pasar de 18 en 2008 a 57 el pasado año, cuando en 2007 tan sólo se habían registrado tres.

Esto revela, según Rallo, que crece el interés de los ciudadanos por evitar que sus datos aparezcan en los resultados de buscadores de Internet a partir de los datos identificativos de una persona.

Ha destacado también como dato "significativo" las investigaciones que tuvieron su origen en 31 denuncias relacionadas con usuarios de Facebook o Tuenti, sobre todo por la difusión de fotografías sin consentimiento, teniendo en cuenta que en 2008 no había ninguna.

"Las redes sociales han cruzado ya varias líneas rojas, han rebasado el vaso de la paciencia", ha aseverado Rallo, que ha opinado también que cada vez existe más conciencia de que las autoridades deben reaccionar.

En este sentido, ha asegurado que la Agencia Española de Protección de datos "va a estar en primera línea", tanto de forma unilateral como junto a otras autoridades de protección de datos y ha asegurado que más importante que sancionar es prevenir la puesta en marcha de estos servicios sin garantías.

La AEPD resolvió el pasado año 709 procedimientos sancionadores, de los que 621 acabaron con sanción con un importe total de 24,8 millones de euros, lo que supone un incremento que roza el 13% respecto a 2008.

Respecto a la distribución territorial, las entidades con sede en Madrid ocupan el primer lugar, con 452 resoluciones; seguida de Cataluña (70) y Andalucía (39).

Las sanciones por videovigilancia se han incrementado más de un 300 por ciento, debido en gran parte a la "tarea encomiable" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las administraciones locales, y se sitúa como el segundo sector más sancionado, tras el de las telecomunicaciones y por delante del financiero.

También se incrementaron el número de entidades que declararon ficheros de videoviogilancia ante la Agencia: 37.613 hasta diciembre de 2009 y más de 52.000 a fecha de hoy.

En la esfera de la morosidad, las denuncias se incrementaron en un 225% y en más de un 570% las tutelas de derechos iniciadas por la Agencia, aunque ésta no dispone de elementos de juicio para valorar la relación de estos datos con la crisis.

Sobre el sector sanitario, Rallo ha asegurado que a la Agencia le preocupa "de forma significativa" el tratamiento que se hace de los datos de salud y "cada vez más" se ve obligada de oficio a abrir investigaciones relacionadas con la incorrecta custodia y conservación de historiales médicos que "en demasiadas ocasiones aparecen en la vía pública".

Las principales reclamaciones respecto al derecho de acceso están relacionadas con el historial clínico de familiar fallecido o la historia clínica que se considera se ha suministrado de manera incompleta.

 

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