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LA VOZ LIBRE

CRISIS ECONÓMICA

El sector público parará el 8 de junio y amenaza con más movilizaciones

Efe
lunes, 17 de mayo de 2010, 11:54
El sector público parará el 8 de junio y amenaza con más movilizaciones


El sector público parará el 8 de junio y amenaza con más movilizaciones El sector público parará el 8 de junio y amenaza con más movilizaciones

Madrid.- Los empleados públicos pararán el 8 de junio en protesta por la rebaja salarial anunciada por el Gobierno, mientras los sindicatos de la Función Pública, UGT, CCOO y CSI-CSIF advirtieron al Gobierno de que, si no rectifica, las movilizaciones continuarán.

Así lo aseguraron hoy el secretario general de la Federación de los Servicios para la Ciudadanía de CCOO, Enrique Fossoul, el secretario de organización de la Federación de los Servicios Públicos de UGT, Rafael Espartero, y el secretario nacional de Formación del sindicato CSI-CSIF, Miguel Borra.

Los tres dirigentes se reunieron esta mañana para anunciar que la convocatoria de paro de este colectivo se retrasa del 2 de junio al día 8 porque el Gobierno debe aclarar en la Mesa General de la Función Pública a qué colectivos afecta el recorte.

Anunciaron que el jueves por la mañana la secretaria de Estado para la Función Pública, Consuelo Rumí, se reunirá con los máximos dirigentes sindicales del sector público en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, horas antes de que el Consejo de Ministros apruebe el Real Decreto de medidas contra el déficit público.

No obstante, mantienen las manifestaciones previstas para el día 20 por la tarde y a las que se ha adherido el sindicato de policía.

Precisamente, fuentes del Ejecutivo apuntaron a EFE que el Gobierno recopila datos de comunidades autónomas y ayuntamientos para fijar el baremo con el que rebajará el sueldo de los empleados públicos una media del 5% y del 15% para los altos directivos.

En este sentido, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, avanzó que en su caso con un salario bruto de unos 83.000 euros anuales, sin pagas extraordinarias, éste se reduciría entre 600 ó 700 euros al mes.

Asimismo, UGT, CCOO y CSI-CSIF urgen al Ejecutivo a que explique por qué a los trabajadores de empresas o entidades estatales que hayan firmado convenios colectivos no les afectará el recorte del sueldo.

Enrique Fossoul (CCOO) dijo que esto es "ridículo" y "raro" porque los Presupuestos Generales del Estado son de aplicación para todos los empleados públicos, también los de empresas estatales.

Puntualizó que "es muy difícil salirse de ahí" y que ya no es un problema de "insolidaridad, sino de lógica" puesto que si el Gobierno ha tratado de imponer un Real Decreto, "que lo imponga a todo el mundo y no a unos sí a otros no".

Rafael Espartero (UGT) dijo que la "agresión" a los empleados públicos es "injusta" porque el Acuerdo de la Función Pública se firmó el año pasado en plena crisis económica y ya prevé una contención salarial.

"Nosotros podríamos ayudar a salir de la crisis, pero no vamos a ser los únicos paganos", aseveró, tras añadir que "rectificar es de sabios".

Desde CSI-CSIF, Miguel Borra fue contundente al afirmar que "se ha traspasado una línea que ningún Gobierno debería traspasar" y advertió de que el 8 de junio "no se acaban las protestas", porque "no podemos ser los más débiles los que paguemos la factura de la crisis".

Los tres dirigentes no descartaron que las medidas para reducir el déficit público conlleven además una respuesta más contundente en todo el mercado laboral y se remitieron a los órganos de dirección de UGT y de CCOO para decidir una posible huelga general.

En este sentido, Fossoul dijo que las movilizaciones se irán "graduando en función de los ataques".

Los responsables de los tres sindicatos calificaron también de "demagógica" la propuesta del PP de suprimir ministerios, puesto que no aclara qué pasaría con los funcionarios que trabajan en ellos.

Al respecto, Espartero dijo que el sector público no será "moneda de cambio" ni del Gobierno ni de la oposición, mientras que Miguel Borra defendió los servicios públicos frente a la privatización.

Los tres sindicatos tienen previsto recoger firmas contra esta medida y entregarlas en el Congreso de los Diputados.

 

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