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LA VOZ LIBRE

Amnistía fiscal, una medida común en Europa que ya puso en marcha Felipe González

Aprobar una medida como esta refleja la gravedad de la situación y el de Rajoy no es el único gobierno que ha tenido que tirar de ella para reducir el déficit

JAVIER FERNÁNDEZ / Foto: GTres
lunes, 09 de abril de 2012, 09:02

Madrid.- Esta última semana está siendo de infarto para la economía española. Los inversores internacionales están abandonando España ante el temor a que se convierta en una nueva Grecia. Sería el primer paso de una intervención de la economía que daría lugar a una suspensión de pagos. Esta es la razón fundamental por la que el Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado una amnistía fiscal con la idea, no solo de conseguir que vuelvan 25.000 millones de euros ya huidos, sino, sobre todo, de cortar la hemorragia que se había observado en los últimos meses. Quienes han hecho grandes fortunas con la especulación del ladrillo se estaban llevando el dinero al exterior para ponerlo a buen recaudo.

Esta no es la primera vez que España sufre salidas de capitales foráneos desde 2009, pero si está siendo la más prolongada y la más intensa. Las dos ocasiones anteriores fueron en primavera de 2010, cuando Grecia fue intervenida, y ese mismo invierno tras la intervención de Irlanda. En esta ocasión el Gobierno ha aprobado medidas transcendentes como la reforma laboral y el saneamiento del sistema bancario, pero el enfermo no reacciona de momento. Primero es necesario parar la salida de flujos y luego que esos flujos vuelvan, como sucedió en 2010 y en 2011. En este sentido, los Presupuestos eran un hito importante y de momento los mercados no parecen que hayan reaccionado positivamente.

Aprobar una medida como esta refleja la gravedad de la situación y no es el único gobierno que ha tenido que ponerla en marcha. De hecho esta medida no ha sido una iniciativa aislada en la UE. El Gobierno italiano apostó por esa figura en octubre de 2009, cuando abrió un periodo de seis meses para que los defraudadores pudieran regularizar su situación con un coste mínimo: una multa del 5% sobre el importe declarado o repatriado. Según algunos cálculos, la medida sirvió para aflorar hasta 95.000 millones de euros, lo que reportó a las arcas públicas italianas cerca de 5.000 millones a cambio de mirar para otro lado. Y no era la primera vez que el propio Silvio Berlusconi introducía esa figura: a finales de 2001 lanzó otra amnistía fiscal a cambio de una tasa del 2,5%.

En esa ocasión, el anonimato se garantizaba al estipularse que esa multa sería pagada por los Bancos en los que se ingresaran los fondos. Pero la amnistía fiscal no es una figura exclusiva de países mediterráneos: en la muy rigurosa Alemania también se utilizó a principios de 2003, cuando el Gobierno de Gerhard Schroeder aprobó que los defraudadores no serían penalizados a cambio de tributar por el dinero repatriado y sus intereses a un tipo fijo del 25%.

La amnistía fiscal tiene su raíz en la etapa de Felipe González, cuando en 1983 Miguel Boyer tuvo que adoptar una medida similar para evitar la huida de capitales ante la llegada de un gobierno socialista. Entonces, la amnistía se hizo a través de la compra de deuda pública. Eso evitó que España se quedara sin reservas de divisas para pagar a sus acreedores internacionales. A pesar de la excepcionalidad del momento, su secretario de Estado, José Victor Sevilla, dimitió por entender que la medida era profundamente inmoral. El mensaje que se daba a la sociedad era que se castigaba a los que pagaban impuestos frente a los que no lo hacían. De alguna manera era una llamada al fraude. El secretario de Estado fue relevado por José Borrel que, a pesar de su izquierdismo, hizo de tripas corazón a causa de su ambición política

EL GOBIERNO DE ZAPATERO SE LO PLANTEÓ HASTA EN TRES OCASIONES

En 2008, Miguel Sebastián planteó a Rodríguez Zapatero la posibilidad de hacer una amnistía fiscal por las mismas razones. Pedro Solbes se negó en rotundo por entender que era una medida inmoral, incluso el secretario de Estado David Vegara amenazó con dimitir. La noticia no se hizo pública para evitar la desmoralización de los contribuyentes que pagaban religiosamente sus impuestos.

Ante el agravamiento de la crisis volvió a plantearse en el año 2009, pero no se llevó adelante por la rotunda oposición que mostraron Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro, que fueron consultados discretamente por entender que la situación ya era tan delicada que una medida de estas características requería el apoyo o al menos la neutralidad de la oposición.

La tercera vez que se planteó la necesidad de adoptar una medida excepcional como esta fue en la primavera de 2011. El Gobierno ya estaba bajo vigilancia de la Comisión Europea, acababa de aprobar la reforma de las pensiones y a las autoridades europeas les pareció claramente insuficiente. El Banco Central Europeo pidió al Gobierno que afrontara una amnistía fiscal para captar el dinero que estaba ‘evaporándose’ con motivo del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. En esta ocasión fue Elena Salgado quien convenció al presidente Zapatero de la imposibilidad de adoptar esa medida porque suponía asumir ante los mercados la grave situación de las finanzas y significaba entrar en el bucle que había iniciado la Italia de Berlusconi.

Miguel Boyer, en la actualidad gravemente enfermo, jugó un papel muy importante a favor de la amnistía, ya que, según dijo, era la única solución que permitiría cumplir el objetivo de reducir el déficit. La vicepresidenta se cerró en banda y, como el tiempo demostró después, se equivocó. Ni hubo reactivación, ni se cumplió el déficit. Boyer tenía razón.

> En la imagen, Felipe González y Miguel Boyer en el Congreso de los Diputados.

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