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HONDURAS-CRISIS

Denuncian ante la CIDH que en Honduras no se está aplicando la amnistía

Efe
miércoles, 24 de marzo de 2010, 01:19
Denuncian ante la CIDH que en Honduras no se está aplicando la amnistía


Denuncian ante la CIDH que en Honduras no se está aplicando la amnistía Denuncian ante la CIDH que en Honduras no se está aplicando la amnistía

Washington.- Abogados de distintas organizaciones pro derechos humanos denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en Honduras no se está aplicando la amnistía acordada por el Legislativo, para cerrar las heridas del golpe de Estado perpetrado el pasado 28 de junio de 2009.

El Congreso Nacional de Honduras aprobó el pasado 26 de enero una amnistía general por delitos políticos y comunes para los involucrados en la crisis derivada del golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya.

La amnistía se acordó antes de que asumiera el cargo el nuevo presidente del país, Porfirio Lobo. No obstante, según denunciaron en una audiencia del 138 periodo de sesiones de la CIDH un grupo de ocho abogados representantes de distintas organizaciones hondureñas, las autoridades competentes "no están aplicando la amnistía".

"El decreto de amnistía tiene que ser aplicado de oficio por el Ministerio Publico y los juzgados competentes, pero no hemos conseguido eso en los casos de los opositores al golpe", denunció el abogado Roger Ordóñez, del Centro para la prevención, Tratamiento y Rehabilitación para las víctimas de Tortura y sus familiares (CPTRT)

"No quieren reconocer políticamente que se han violentado los derechos y que esos juicios no tienen razón de ser", motivo por el que, según el abogado, no la están aplicando en esos casos, agregó.

Los letrados informaron sobre la respuesta del Poder Judicial hondureño tras el derrocamiento de Zelaya que consideraron "insuficiente" y "sesgada".

Los abogados señalaron que desde el 28 de junio del pasado año "miles de detenciones se producen con total impunidad" y denunciaron la "tortura" y "malos tratos".

"La mayoría de los detenidos fueron torturados pero no tuvieron acceso a médico, los jueces no ejercieron el control de legalidad y dieron curso rápidamente a las acusaciones que, según Nectalí Rodezno, del Frente de Abogados Contra el Golpe, fueron "incongruentes" y "desproporcionadas".

Rodezno subrayó que en los procesos contra los opositores al golpe hubo un "sesgo" político y pese a la amnistía, todavía hay 76 personas procesadas con medidas de detención preventiva, como la prohibición de salir del país y no asistir a manifestaciones.

"Mientras continúe la misma Corte de Justicia y el fiscal general, que se mostraron a favor del golpe, es muy difícil" que haya cambios, dijo la abogada Sara Jeaneth Aguilar, del Frente de Abogados y Movimiento Amplio.

Los abogados denunciaron las violaciones contra la libertad de expresión "graves" y "sistemáticas" que se produjeron después del golpe contra medios de comunicación como Radio Progreso, el Canal 36 y Radio Globo.

Los periodistas fueron hostigados, amenazados, golpeados y detenidos sin que hubiera una orden de cierre formal de sus canales y, según denunciaron, los responsables por estos hechos no recibieron ningún castigo puesto que la justicia dictó que los imputados no actuaron con dolo.

Brenda Mejía, del Frente de Abogados en Resistencia de la Zona Norte y Movimiento Amplio de la Dignidad y la Justicia, hizo notar que la ley se aplicó de forma "discriminatoria" y "desigual" en los procesos que se siguieron contra los opositores que "se tramitaron rápidamente".

Sin embargo, señaló que durante este periodo ningún agente estatal ha sido condenado y que "la mayoría de los casos han culminado con el sobreseimiento".

Por otra parte, Mejía subrayó la necesidad llevar a cabo un informe sobre el procedimiento de designación, remoción y traslado de jueces y fiscales que, según dijo, actualmente "no está garantizado".

Los peticionarios pidieron a la CIDH que emita un comunicado adicional cuando concluya el periodo de sesiones en el que exprese su preocupación por la respuesta "inefectiva" del poder judicial en Honduras y exhorte a las autoridades a que ordene una investigación en la conducta de jueces y fiscales y las correspondientes sanciones en el caso de que hayan cometido irregularidades.

En este sentido, reclamaron a la CIDH que dé seguimiento a las violaciones de derechos humanos expuestas en la audiencia y solicite informes sobre las actuaciones de los órganos judiciales.

También solicitaron que se concedan medidas cautelares para proteger a algunas personas que puedan estar amenazadas y que programe una nueva visita, tras la que realizó en agosto, para analizar la situación en el país.

Por su lado, el relator de la CIDH para Honduras, Felipe González, recordó que la Comisión ya discutió la situación en el país centroamericano el pasado enero y se ha enviado una carta para pedir una visita de seguimiento.

"Esperamos poder concretar pronto una visita y observar de primera mano la situación en Honduras", señaló González, quien agregó que la Comisión seguirá tramitando la solicitud de medidas cautelares.

 

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