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BOLIVIA-JUSTICIA

La ley para enjuiciar a las autoridades abre el pulso entre Morales y sus antecesores

Efe
jueves, 18 de marzo de 2010, 16:36
La ley para enjuiciar a las autoridades abre el pulso entre Morales y sus antecesores


La ley para enjuiciar a las autoridades abre el pulso entre Morales y sus antecesores La ley para enjuiciar a las autoridades abre el pulso entre Morales y sus antecesores

La Paz.- La futura ley boliviana que permitirá enjuiciar a autoridades por lesionar intereses del Estado abrió hoy un pulso entre el Gobierno de Evo Morales y tres de sus antecesores, que han cuestionado la legalidad de esos procesos.

El Gobierno boliviano calificó hoy como un intento de volver a la "palestra política" la denuncia planteada de forma conjunta por los ex presidentes Jorge Quiroga (2001-2002), Carlos Mesa (2003-2005) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), junto al ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997), contra los juicios de responsabilidad que impulsa el oficialismo contra ellos.

Estos ex dirigentes piden que se corrija el polémico proyecto de ley sobre "juicios de responsabilidades" porque consideran que la norma que actualmente tramita la Asamblea Legislativa viola los derechos humanos y contraviene tanto la Constitución como diversos tratados internacionales.

Quiroga, Mesa, Rodríguez y Cárdenas podrían ser procesados en virtud de esta norma, ya que el Gobierno de Morales los ha acusado de diversos delitos contra el Estado cometidos en sus respectivos mandatos.

Sin embargo, la denuncia conjunta de los ex mandatarios -inédita en Bolivia- es interpretada por el Gobierno y el oficialismo como una "auto-inculpación" y como una manera de recobrar protagonismo político en el país.

Si bien Morales no se ha pronunciado todavía al respecto, sí lo han hecho dos de sus ministras y el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, quienes consideran que la denuncia conjunta de los ex gobernantes es "apresurada".

Por su parte, los ex presidentes profundizaron hoy en sus críticas contra la que consideran una "ley guillotina" que pretende el linchamiento de los opositores a Morales que antes ocuparon responsabilidades de Estado.

Quiroga acusó al Gobierno de plantear una "agenda de destrucción completa y total" con una ley para que quienes hayan ocupado puestos públicos en el antiguo Estado "colonial" bien se fuguen o bien acaben "en el cementerio o enjuiciados y apresados".

En el mismo sentido, Cárdenas, vicepresidente en el primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, aseguró que la ley para acelerar esos juicios "es realmente una guillotina que solo busca linchar" a los opositores al Ejecutivo.

Por su parte, Mesa advirtió de que en Bolivia "está en riesgo la Justicia", y no solo la vinculada a los juicios de responsabilidades a autoridades, "sino a los principios básicos que se establecen para juzgar a cualquier ciudadano".

Quiroga y Mesa fueron acusados en el 2006 (primer año de Gobierno de Morales) por la Fiscalía General de violar la ley e incluso la Constitución, por la suscripción de contratos petroleros con multinacionales.

Por su parte, Rodríguez Veltzé fue acusado también ese año de sometimiento a dominio extranjero y espionaje, por haber autorizado en su gestión la destrucción por Estados Unidos de 41 misiles de las Fuerzas Armadas bolivianas.

Cárdenas no está imputado por la Fiscalía, pero en 2006 la administración de Morales lo demandó en la reapertura del llamado caso Enron, donde se acusa al primer Gobierno de Sánchez de Lozada de la presunta firma ilegal de un contrato para construir un gasoducto a Brasil en 1994.

Los ex jefes de Estado denuncian que los jueces que eventualmente les procesarán no son imparciales, al haber sido nombrados directamente por su "acusador", Morales, y que la nueva norma no garantiza el "debido proceso" porque no establece derecho a la apelación ante una sentencia condenatoria, entre otros argumentos.

El mandatario boliviano designó directamente en febrero a 18 autoridades interinas de las 26 que integran las principales instancias judiciales de Bolivia, una potestad que le cedió la Asamblea Legislativa mediante una ley al efecto.

Sobre este aspecto, la ministra de Defensa Legal del Estado, Elisabeth Arismendi, recordó hoy a las ex autoridades que si no están de acuerdo con los tribunales que se encarguen de cada caso, pueden pedir su recusación.

La polémica iniciativa sobre "juicios de responsabilidad" ha llevado incluso a diplomáticos europeos a trasladar al Gobierno de Morales su preocupación por eventuales juicios contra ex presidentes, según confirmaron esta semana fuentes diplomáticas.

Los ex gobernantes Mesa, Quiroga y Rodríguez Veltzé y el ex vicepresidente Cárdenas han anunciado que acudirán a las instancias nacionales e internacionales que sean necesarias para defender sus derechos ante estos procesos.

 

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