El sindicato de profesores ASPEC-STS eleva una queja al Defensor del Pueblo por la Ley de Educación de Cataluña

Los miembros de ASPEPC-STS, uno de los tres sindicatos más representativos del profesorado de Secundaria y Bachillerato, se desplazaron a Madrid para protestar ante el Defensor del Pueblo porque desaprueban completamente la regulación de la LEC en la función pública docente y la creación de cuerpos propios de profesores (art. 112), que no se corresponden con los cuerpos definidos por el Estado.

En su queja, que presentarán en cuanto la LEC se publique en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, el sindicato explica las contradicciones con el artículo 149.18 de la Constitución, que atribuye al Estado la regulación del funcionariado público, y con la Ley Orgánica de Educación (LOE) en varias de sus disposiciones adicionales.

Según los representantes, la ley catalana reduce a cinco los 12 cuerpos docentes en los que la LOE divide al profesorado de la escuela pública. Además, cambia su denominación y los clasifica sólo por el título académico de los docentes. Como ejemplo, engloba en un mismo cuerpo docente a catedráticos de Secundaria, de escuelas de idiomas, de música y de artes plásticas, que son cuatro cuerpos separados en la LOE.

El secretario general del sindicato, Xavier Massó, se pregunta en la queja "¿Cómo podía garantizarse, en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, un concurso de traslados de ámbito nacional entre funcionarios del único cuerpo de catedráticos de Cataluña y los cuatro estatales?". "Se pierde la relación uno a uno que desemboca en una vulneración flagrante del principio de intercomunicabilidad", respondió el propio Massó.

Por otra parte, también denunciaron que la ley le atribuya a la Generalitat y a los directores de los centros la potestad para determinar las especialidades de cada cuerpo docente.

Para Ignasi Fernández Daroca, abogado del sindicato, éste es otro de los motivos por los que, "la LEC no respeta la normativa básica estatal", según aseguró tras su reunión con el adjunto a Enrique Múgica, Defensor del Pueblo, con quien volverá a encontrarse a finales de este mes. "Si esta ley se queda como está, el Estado deja de tener competencia en materia de educación", añadió.