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LA VOZ LIBRE

Macroestafa a la Seguridad Social

La ‘Operación Genil’ implicó a más de 1.700 de personas en Granada

Ricardo Domínguez
miércoles, 22 de abril de 2009, 23:53
Macroestafa a la Seguridad Social

Oficina de empleo de Andalucía
Los implicados cobraban el paro Macroestafa a la Seguridad Social

Madrid.- En diciembre de 2008 la opinión pública se quedó boquiabierta: 140 personas, entre empresarios y trabajadores, eran imputadas por un fraude a la Seguridad Social con dimensiones inauditas para la policía.

Ya en marzo de 2009, la segunda fase de la ‘Operación Genil’, acabaría sumando más de 170 arrestados y cerca de 1.700 implicados. Entre ellos, había numerosos testaferros con antecedentes penales y domicilios falsos. Fue necesario efectuar rondas de declaraciones de cien en cien en los juzgados.

La emisión de contratos ficticios permitía a los delincuentes cobrar subvenciones, cotizaciones para la jubilación y prestaciones por desembleo. Unas ventajas para ellos a costa de un agujero de siete millones de euros en la Seguridad Social.

Los cuatro empresarios que movían los hilos crearon a principios de los 90 catorce constructoras que tenían escasa o ninguna actividad laboral y que no cotizaban los seguros sociales de sus falsos trabajadores.

EMPRESAS Y TRABAJADORES FANTASMA

Otipac Obras y Arnusa Obras y Reformas son los nombres de dos de las compañías ficticias. Primero, los falsos empleados pagaban entre 500 y 1.000 euros por darse de alta en la empresa y mantenerse un tiempo en esa situación. Con ello, los empresarios pasaban una temporada cobrando subvenciones públicas y, más tarde, tras ser ficticiamente despedidos, les llegaba el turno de cobrar el paro a los trabajadores.

Estas empresas se constituían haciendo figurar domicilios falsos pertenecientes en algunos casos a profesionales de la gestión, al igual que se consignaban como socios y administradores a personas que no ejercían tales funciones y que no eran sino meros testaferros.

Todo ello se realizaba con el fin de ocultar la verdadera identidad de los responsables, la localización de las empresas y, en definitiva, para eludir las acciones ejecutivas que pudiera llevar a cabo la Seguridad Social.

La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Granada, en el ámbito de los controles habituales en materia de recaudación, detectó que esas empresas se daban de baja a medida que iban acumulando deuda por el impago de dichas cuotas. El origen del fraude había sido descubierto.

Tras pasar a una situación de insolvencia, las empresas se constituían en nuevas mercantiles gestionadas por las mismas personas y con los mismos trabajadores.

También fue revelador el hecho de que casi ninguno de los trabajadores, al ser citados a declarar, pudiera describir dónde había realizado los trabajos durante el tiempo que había estado ‘contratado’. La mayoría de ellos procedían del barrio de La Paz, en Almanjáyar, al norte de Granada, y familias enteras se vieron envueltas en el caso.

OBTENCIÓN DE PAPELES A EXTRANJEROS

Otro de los fraudes relacionados con la macroestafa fue la obtención ilícita de permisos de residencia a extranjeros. La investigación policial encontró indicios de que las fraudulentas altas a la Seguridad Social pudieron también aprovecharse para este fin.

De los empresarios cabecillas de la trama, acusados de falsificación de documento público, Carlos A. N. ingresó en prisión en diciembre de 2008, mientras que su compinche Juan C. C. obtuvo la libertad bajo fianza de 6.000 euros.

El proceso sigue abierto. Aún queda por depurar las responsabilidades sobre la obtención ilícita de papeles para extranjeros y resolver el interrogante de cuál será la sanción para los 1.700 implicados en la ‘Operación Genil’.
 

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