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LA VOZ LIBRE

El lavadero de la Costa del Sol

El ‘caso Hidalgo’ destapó la mayor red de blanqueo de dinero de España

Ricardo Domínguez
miércoles, 22 de abril de 2009, 23:53
El lavadero de la Costa del Sol

El juez Francisco de Urquía
Extorsionó a empresarios El lavadero de la Costa del Sol

Madrid.- La magnitud del ‘caso Hidalgo’, la mayor operación contra el blanqueo de dinero en España, dejó estupefactos incluso a los miembros del Grupo I de Blanqueo de la Policía Nacional, que dieron a conocer la operación en marzo de 2007.

La sorpresa no se produjo sólo por el volumen de los bienes intervenidos, que ascendió a 92 millones de euros, 553 viviendas en la Costa del Sol, joyas y 60 vehículos de lujo. El impacto se produjo al comprobar las múltiples ramificaciones de la trama, que dieron lugar a nuevos casos de corrupción, como el ‘caso Puente Romano’.

De hecho, el ‘caso Hidalgo’ fue un brazo de la “Operación Ballena Blanca” destapada en Marbella en 2005, y que también blanqueaba sumas ingentes de dinero, las mayores hasta entonces.

Rafael Cruz Conde, responsable del despacho de abogados marbellí que lleva su nombre, fue uno de los principales imputados por este caso y se le acusó de organizar todo el entramado fraudulento. Finalmente acabó en libertad bajo fianza de 200.000 euros en junio de 2007.

Responsable también de la firma Santa Ana 1, sobre la que giraron las investigaciones del caso, Cruz Conde se encargó del blanqueo de dinero. Lo ingresaba en cuentas a su nombre y hacía creer que procedía de Gibraltar.

Según un informe de la Agencia Tributaria, las operaciones se realizaban como “entrada invisible de divisas por el concepto de participaciones de no residentes en la propiedad de entidades residentes”.

COBRO DE COMISIONES URBANÍSTICAS

Las investigaciones de la trama también desvelaron en febrero de 2008, que en Estepona (Málaga) se cobraban comisiones ilegales por conceder licencias urbanísticas. El informe policial implicó a empresarios y funcionarios del área de Urbanismo del Ayuntamiento.

Dos de esos nombres fueron Jan Nadir, dedicado a la explotación de gasolineras y detenido en Bélgica por defraudar importantes cantidades de IVA, y Arturo Cebrián, uno de los cinco arquitectos que trabajaban en Urbanismo. Las conversaciones telefónicas intervenidas a Nadir y un intermediario son reveladoras:

Intermediario: “Sé que ya ha habido que soltar otro contrato de dinero para que den la licencia de urbanización”. (...) “Vamos a tener el permiso de forma inmediata”.

Nadir: “Claro. En el mes de marzo, sí”.

Intermediario: “Para eso nos ha costado el otro día soltar un montón de dinero a gente del Ayuntamiento”.

EL JUEZ CORRUPTO DEL CASO

El complejo entramado fraudulento disponía también de un juez corrupto, Francisco de Urquía, ex titular del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella. Él levantaba los embargos judiciales a empresas a cambio de suculentas cantidades de dinero, acciones que llevaba a cabo con la intermediación de otros implicados, como Arnaud Albouhair, amigo del magistrado.

Igualmente sucedió con el empresario libanés David Shamoon, también 'pringado' en el caso, a quien ofrecieron una nota en la que se le requerían cinco millones de euros para levantar el embargo de sus hoteles Puente Romano y Marbella Club. El análisis caligráfico efectuado por la Guardia Civil dictaminó que fue el juez quien la escribió, lo que sirvió para inculparle por cohecho e imponerle una pena de dos años de prisión.

La prueba de la nota la aportó Phillippe Junot, ex marido de la princesa Carolina de Mónaco, al que algunos imputados le acusaron de ser intermediario en las extorsiones. Los tentáculos corruptos conectaban con países como Túnez, Bélgica, Suecia, Ucrania, Alemania y Argentina. En total, hubo decenas de imputados.
 

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