Operación Pretoria: ¿escandalizan las imágenes y no el botín?

Madrid.- Los estamentos políticos de CiU y del PSC-PSOE se han escandalizado con la exhibición de imágenes de los pro hombres del nacionalismos de caja y facturas falsas esposados y con las bosas con sus pertenencias en la puerta de la Audiencia Nacional. No se han escuchado grandes palabras sobre el botín de 45 millones de euros sustraídos a los ciudadanos.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y la consejería de Justicia han criticado que los detenidos en la operación "Pretoria" fueran expuestos esposados ante los periodistas en las puertas de la Audiencia Nacional y han exigido que se respete su "derecho a la dignidad".

La presidenta del TSJC, Maria Eugenia Alegret, ha manifestado que le parece "mal" el trato dado a los detenidos del ‘caso Pretoria’, ya que considera que "la pena del 'paseíllo' o la pena del 'telediario' no está prevista en el Código Penal".

Por su parte, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado que es "edificante y maravilloso" que se muestren las imágenes de los detenidos en la operación 'Pretoria' esposados como "escarnio" para someterlos "al juicio de los ciudadanos".".

Las imágenes de ocho de los detenidos en el marco de la operación Pretoria a las puertas de la Audiencia Nacional, esposados y recogiendo –algunos con dificultad por cuestiones de edad– las bolsas de basura azul que guardaban sus enseres, ha desencadenado una cadena de protestas en Cataluña.

A veces las críticas las expresan privadamente, pero proceden de Josep Antoni Duran Lleida (Unió), Joan Ridau (ERC) y la consejera de Justicia de la Generalita, Montserrat Tura.

De todas, la imagen más aleccionadora fue la del viejo dirigente nacionalista Lluís Prenafeta (70) agarrando con las manos esposadas el pantalón para evitar que se le bajara porque, como a cualquier detenido, se le retiró el cinturón y los cordones de los zapatos.

Igualmente, el ex consejero Macià Alavedra caminaba arrastrando los pies hasta la entrada trasera del furgón policial donde se le entregó la bolsa de basura con su ropa, mientras era iluminado por ráfagas de los flases de las cámaras de los fotógrafos.

En la Audiencia Nacional como desde el Ministerio del Interior se aseguró ayer que la escena fue el resultado de una serie de circunstancias y no a un acto premeditado de mala fe. La furgoneta en el que fueron trasladados los detenidos era demasiado alta y no podía pasar al aparcamiento de la sede judicial. Así, el descenso de los arrestados se tuvo que hacer en la calle.
Algunas veces, cuando esto pasa, la Audiencia Nacional coloca un biombo para proteger la intimidad de los arrestados. Pero en esta ocasión el furgón con los detenidos llegó demasiado temprano, los guardias civiles que se encargaron del traslado no son los habituales que trabajan en la Audiencia Nacional y nadie pensó en la mampara para proteger a los imputados.

En el Ministerio del Interior se defendió con decisión que los arrestados descendieran esposados del furgón, sin entrar en consideraciones sobre su edad, el peligro existente ni los delitos que se les imputan. «No se puede elaborar un protocolo para cada tipo de detenido, Pero siempre que se realiza el traslado de un arrestado por corrupción, sea político o empresario, se desata una polémica. Se les esposa por razones de seguridad y punto. No hay más», comentó un portavoz del Ministerio del Interior.

Los 8 arrestados partieron a primera hora de la mañana –casi de madrugada– de la cárcel de Soto del Real y viajaron todo el trayecto, casi tres cuartos de hora, sin las esposas. No fue hasta llegar a la puerta de la Audiencia Nacional que un guardia civil les esposó, uno a uno, a medida que descendían del furgón. Después de recoger cada uno su bolsa y una vez traspasada la puerta de la sede judicial, otro agente les liberó de nuevo de las esposas. Así las esposas apenas duraron dos, tres, máximo cuatro minutos puestas. Los suficientes para desfilar, desconcertados, frente a las cámaras.

CRÍTICAS A LAS IMÁGENES

La consejera Tura, del PSC-PSOE, y compañera de partido del alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, criticó las imágenes. Recurrió a la norma 12/2007 de la Secretaria de Estado de Seguridad que se refiere a «las características del delito o la actitud del detenido» para no esposarlo con la finalidad de «incrementar la discreción y no perjudicar su reputación». La titular de Justicia apuntó que esposar a los detenidos de la operación Pretoria «no se ajustaba» a la norma. Sin querer ir más allá, defendió que se adapten los edificios judiciales para que todos los vehículos policiales puedan acceder al interior sin que los acusados desciendan en la calle.

En su carta web semanal, el dirigente de Unió Democràtica, Josep Antoni Duran i Lleida, aseguró que el trato recibido por los detenidos era «injusto» y lo comparó con el que han tenido recientemente otros políticos, en referencia a los arrestados de la trama Gürtel. Más discreto fue el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridau, quien dijo que esas imágenes «no gustan a nadie».

Pero fue en privado cuando los dirigentes políticos consultados descargaron la artillería más dura para criticar la medida, que tacharon de «humillante y vejatoria». Los abogados no formularon queja alguna frente al juez. «No pienso perder el tiempo. La llegada a la Audiencia Nacional ha formado parte de la cacería», comentó uno de ellos antes de conocer el auto del magistrado.

Por su parte, Albert Rivera (Ciudadanos), aseguró el sábado que en Cataluña existe "un pacto de connivencia" sobre la corrupción, y abogó por un distanciamiento de "la Cataluña que nos roba". Rivera lamentó que el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol asegurara que si se tiraba de la manta todas las formaciones harían "un poco de hedor", y observó que si estas declaraciones las hiciera un político como Silvio Berlusconi "ya se habría montado una increíble".

LOS 9 IMPUTADOS

Bartomeu Muñoz (Alcalde de Santa Coloma de Gramanet): Asociación ilícita, cohecho, fraude de subvenciones, fraude y extracciones ilegales, falsedad en documento oficial y mercantil. Prisión incondicional.

Luis García (ex diputado del PSC): Asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude de subvenciones y falsedad en documento oficial. Prisión incondicional.

Macià Alavedra (ex Conseller de la Generalitat): Asociación ilícita, blanqueo de capitales. Prisión incondicional.

Lluís Prenafeta (ex Secretario General de Presidencia): Asociación ilícita, blanqueo de capitales. Prisión incondicional.

Manuel Dobarco (Concejal de Urbanismo de Santa Coloma): Asociación ilícita, fraude de subvenciones, falsedad en documento oficial, fraude y extracciones ilegales. Prisión incondicional.

Pasqual Vela (Director gerente de Servicios): Asociación ilícita, cohecho, fraude y extracciones ilegales, encubrimiento. Libertad bajo fianza de 25.000 euros.

Lluís Casamitjana (Presidente de Espais): Asociación ilícita, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y fraude fiscal. Libertad bajo fianza de 500.000 euros.

Josep Singla (Presidente de Proinosa): Asociación ilícita, tráfico de influencias. Libertad bajo fianza de 500.000 euros.

Manuel Carrillo (Consejero Delegado de Limasa Mediterrànea): Asociación ilícita, cohecho. Libertad bajo fianza de 100.000 euros.

> En la imagen, el detalle de Lluís Prenafeta, agarrándose los pantalones, junto a la bolsa con sus pertenencias.