La Defensora del Pueblo lamenta 'la opresiva aplicación de las sanciones lingüísticas'

Madrid.- La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, tiene muy claro que uno de los objetivos que tiene marcado durante su tiempo en la institución es conseguir la libertad lingüística. Por ese motivo, no duda en manifestarlo siempre que puede. La última vez lo ha hecho en forma de carta que ha enviado al diario 'El Mundo' para mostrar su conformidad con el discurso pronunciado por el director del periódico, Pedro J. Ramírez, con motivo del XV aniversario de la edición del rotativo en Cataluña.

“Como Defensora del Pueblo, como catalana y como ciudadana, mi pleno acuerdo con el conjunto de sus manifestaciones y, en particular, con la visión de los derechos fundamentales que reflejaba su intervención. Pertenezco a esa minoría que no sólo se identifica de palabra con los valores constitucionales, sino que es beligerante en su defensa frente a los mitos identitarios del nacionalismo”.

Posteriormente, la carta se adentra en casos más concretos que ocurren en Cataluña de exclusión de castellano: “Comparto que la sistemática revisión que exige el principio de legalidad incluye aspectos como las llamadas sanciones lingüísticas sobre las que la satisfacción de ver cambiar de opinión al PSC no puede borrar la indignación que produce su vigencia legal y su opresiva aplicación durante años”.

Más adelante, muestra las ideas que defiende para la enseñanza en Cataluña: “Comparto la necesidad de corregir la imposición de una lengua vehicular única en la enseñanza, lo cual atañe no sólo a la legalidad constitucional sino a los principios básicos de los Derechos Humanos”.

Tras recordar que se "ha visto obligada” a presentar dos recursos de inconstitucional contra leyes del Parlamento de Cataluña", en defensa del bilingüismo, ha concluido mostrando su esperanza de que falle a su favor “el recurso contra el Estatuto, con la posición que venimos manteniendo cotidianamente en defensa de los derechos fundamentales de todos”.

Como consecuencia de esta carta, el secretario general de ERC, Joan Ridao, ha pedido la dimisión de la Defensora del Pueblo.